En la mayoría de las áreas naturales protegidas (ANP) mexicanas se cobra una cuota por su uso y disfrute (técnicamente conocida como “cobro de derechos”) que en el 2022, equivalió a una cuarta parte del presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) y que podría servir para apuntalar las tareas de conservación.
Sin embargo, en la actualidad la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entidad que recibe estos ingresos, solo regresa el 40% de ellos a la Conanp.
El dinero que la SHCP devuelve a la Conanp se destina, en su gran mayoría, a gastos de operación y no a tareas de conservación. En promedio, de 2019 a 2022, las ANP recibieron únicamente el 8% de lo que generaron por cobro de derechos.
Un ejemplo de esto es lo que sucede con el Área de Protección de Flora y Fauna Balandra, en Baja California Sur, que tan solo en 2022 recaudó $2,569,260, equivalentes al 50% de los recursos mínimos que necesita para su conservación. Sin embargo, ese mismo año se le reintegró apenas el 0.7% de esos recursos.
Ante la precariedad presupuestal que sufren las ANP, la recomendación principal es que se establezca un acuerdo entre la SHCP, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Conanp para que se devuelva a esta última el 100% de dinero recaudado por cobro de derechos a las ANP y que, al menos, el 50% de esos ingresos sea destinado a tareas de conservación.
