Cuidar lo que importa: las áreas naturales protegidas y el cobro de derechos: un análisis desde el noroeste de México

Portada del informe sobre cobro de derechos
La presente investigación, realizada por dos organizaciones integrantes de NOSSA, Wildlands Network y Sociedad de Historia Natural Niparajá A.C., parte de la premisa de que el cobro de derechos por el uso y goce de los recursos naturales en las áreas naturales protegidas (ANP) federales del país es una fuente de financiamiento complementaria. En este sentido, contribuye a la operación y el manejo sustentable de estos sitios de gran valor natural y debe destinarse sobre todo al desarrollo de tareas de conservación, en función de las necesidades de cada ANP.

En la mayoría de las áreas naturales protegidas (ANP) mexicanas se cobra una cuota por su uso y disfrute (técnicamente conocida como “cobro de derechos”) que en el 2022,  equivalió a una cuarta parte del presupuesto asignado a la Comisión Nacional de Áreas Protegidas (Conanp) y que podría servir para apuntalar las tareas de conservación

Sin embargo, en la actualidad la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entidad que recibe estos ingresos, solo regresa el 40% de ellos a la Conanp. 

El dinero que la SHCP devuelve a la Conanp se destina, en su gran mayoría, a gastos de operación y no a tareas de conservación. En promedio, de 2019 a 2022, las ANP recibieron únicamente el 8% de lo que generaron por cobro de derechos.  

Un ejemplo de esto es lo que sucede con el Área de Protección de Flora y Fauna Balandra, en Baja California Sur, que tan solo en 2022 recaudó $2,569,260, equivalentes al 50% de los recursos mínimos que necesita para su conservación. Sin embargo, ese mismo año se le reintegró apenas el 0.7% de esos recursos

Ante la precariedad presupuestal que sufren las ANP, la recomendación principal es que se establezca un acuerdo entre la SHCP, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Conanp para que se devuelva a esta última el 100% de dinero recaudado por cobro de derechos a las ANP y que, al menos, el 50% de esos ingresos sea destinado a tareas de conservación.

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